Propuesta documental donde convergen la Norma española UNE 19602 y el Código Tributario nicaragüense para el cumplimiento

El presente trabajo de investigación analiza la convergencia normativa entre el estándar técnico internacional de cumplimiento voluntario Norma UNE 19602 y el ordenamiento jurídico fiscal de Nicaragua, con el objetivo de fundamentar una propuesta
metodológica de gestión documental de buenas prácticas tributarias que optimice el cumplimiento corporativo para el año 2026. Ante un entorno fiscal nacional caracterizado por la complejidad interpretativa de la Ley de Concertación Tributaria (Ley N°. 822), las estrictas facultades de fiscalización de la Dirección General de Ingresos (DGI) bajo el Código Tributario (Ley N°. 562), y la ausencia de guías preventivas institucionales, las
organizaciones enfrentan una marcada inseguridad jurídica y una alta vulnerabilidad financiera y reputacional.

Metodológicamente, el estudio se adscribe a un enfoque cualitativo bajo un diseño de investigación documental. La muestra dirigida por conveniencia se constituyó a partir de las fuentes del Derecho Tributario nicaragüense y las directrices de la norma de eferencia. Para la recolección y procesamiento de la información, se utilizó la técnica de análisis de contenido cualitativo mediante el diseño de matrices de doble entrada, lo que facilitó la triangulación de datos entre el estándar internacional, la legislación nacional imperativa y la doctrina contable sobre administración de riesgos.

Los resultados demuestran que las exigencias organizativas de la Norma UNE 19602, tales como la debida diligencia, el establecimiento de una función de compliance tributario y el control de transacciones de alto riesgo, son plenamente compatibles y asimilables dentro de los deberes formales del contribuyente en Nicaragua.

Se concluye que la implementación de un sistema documental inalterable no solo mitiga de forma proactiva el riesgo de reparos fiscales y la atribución de responsabilidad solidaria a directivos, sino que promueve una cultura de cumplimiento cooperativo y proporciona evidencias legítimas ante los plazos restrictivos de la vía administrativa. Finalmente, la propuesta se alinea de forma estricta con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, aportando al desarrollo socioeconómico mediante la transparencia y la sostenibilidad empresarial